El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo (PT), presentó dos iniciativas que reforman el Código Penal Federal, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Constitución Política, con el objetivo de tipificar y sancionar el delito de corrupción inmobiliaria. Además, propone que este delito sea incluido en el catálogo de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
En conferencia de prensa en el Senado, Mejía Berdeja destacó que la corrupción inmobiliaria debe ser tratada con la misma gravedad que delitos como la extorsión, el robo de hidrocarburos, el homicidio y la delincuencia organizada. La iniciativa contempla penas de hasta 20 años de prisión, así como sanciones económicas, suspensión, destitución e inhabilitación para servidores públicos implicados.
Impacto social y modus operandi
El diputado explicó que la corrupción inmobiliaria implica la colusión entre funcionarios públicos y desarrolladores para alterar trámites, modificar usos de suelo, construir sin permisos y vender inmuebles sin la infraestructura necesaria. Este entramado incluye a titulares de registros civiles, catastros, áreas de desarrollo urbano, jueces civiles y notarios públicos, formando lo que llamó un “cártel inmobiliario” o “cártel del despojo”.
Esta práctica ha generado gentrificación, encarecimiento de la vivienda y un aumento significativo de la desigualdad urbana, institucionalizando el abuso del poder en el sector inmobiliario.
Casos emblemáticos en México
Mejía Berdeja citó el caso de la alcaldía Benito Juárez en Ciudad de México, donde se estima que la corrupción inmobiliaria ha generado un daño económico superior a 7 mil 140 millones de pesos, con 264 pisos autorizados de manera irregular y múltiples violaciones al uso de suelo y supervisión de obra. Señaló que un grupo político criminal ha operado esta red durante dos décadas, afectando más de seis colonias.
También mencionó casos en Coahuila, donde el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha sido señalado por beneficiar a empresas familiares con permisos y contratos públicos durante su gestión como alcalde de Saltillo. Empresas como Jisa Bienes Raíces y Verjip Constructores han sido favorecidas mediante cambios en planeación urbana.
Por su parte, la diputada Margarita García García recordó que la corrupción inmobiliaria se extiende a otros estados, como Oaxaca, donde se han registrado casos de despojo de propiedades, afectando a familias como los hermanos Caleb, Herbe y Ashmar Gómez Conzatti.
