El 25 de junio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones administrativas y civiles a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa por presunto lavado de dinero y vínculos con delincuencia organizada. En un comunicado de prensa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México informó que no recibió pruebas contundentes que corroboren estas acusaciones y que continuará con investigaciones internas para garantizar la legalidad y transparencia del sistema financiero nacional.
Sanciones de EE.UU. y notificación a México
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra dos bancos mexicanos y una casa de bolsa, acusándolos de presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada. Esta acción se notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, en un marco de coordinación que respeta la soberanía nacional y la cooperación bilateral.
Ausencia de pruebas contundentes
La SHCP solicitó al Departamento del Tesoro pruebas que confirmaran las irregularidades señaladas, pero no recibió datos probatorios que puedan ser verificados por las autoridades mexicanas. La única información disponible corresponde a transferencias electrónicas con empresas chinas legalmente constituidas, operaciones comunes dado el comercio anual de 139 mil millones de dólares entre México y China.
Acciones internas y sanciones administrativas
Ante la situación, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició una revisión a las instituciones financieras involucradas, detectando problemas administrativos que derivaron en multas y sanciones por un total de 134 millones de pesos. La SHCP enfatizó que, de contar con información sólida sobre actividades ilícitas, actuará con todo el peso de la ley.
Compromiso con la transparencia y el Estado de derecho
En el comunicado de prensa la Secretaría de Hacienda reiteró su compromiso con la transparencia, la regulación estricta del sistema financiero nacional y la lucha contra el lavado de dinero. La presidenta de México ha instruido actuar con claridad, sin encubrimientos, y siempre conforme al Estado de derecho, asegurando que cualquier anomalía será investigada y sancionada.
